Debemos comenzar explicando la situación actual que se está viviendo en el sector asegurador, el cual se mantiene en un mercado duro, que no consigue corregir a pesar de que todavía no ha conseguido terminar de corregir las subidas que se han llevado a cabo estos últimos años por las compañías de seguros con el objetivo de volver a unos parámetros de rentabilidad que se han perdido.
Todo este análisis por parte de las compañías busca la rentabilidad de sus cuentas, así como, reducir la volatilidad limitando las capacidades.
Además, tratan de tener más controladas las líneas de negocio y llevar a cabo una suscripción con mucho mayor rigor, haciendo que la suscripción de los riesgos sea mucho más selectiva, lo que radica en unos mayores requerimientos de información para asegurar los riesgos.
Aunado a todo este contexto hay que sumar factores como la guerra de Ucrania, que ha llevado a un aumento de los precios superior a los que se registraron en años anteriores, y, lo más preocupantes es que esta situación no parece que vaya a mejorar durante el año.
Los seguros generales de no vida son los que más afectados se van a ver por la inflación. Es más, si ésta se ve extendida en el tiempo conllevaría un aumento de los costes de los siniestros lo que provocaría una pérdida de rentabilidad en las cuentas, y como resultado volveríamos a ver aumentos de primas.
Es importante tener presente que la volatilidad de los mercados y la falta de liquidez puede llevar a una política de incremento del beneficio por parte de las compañías de seguros, las cuales son muy sensibles a las fluctuaciones del mercado. Pero el problema más característico y relevante deriva de la reducción de suministros de productos básicos que conllevaría problemas en las cadenas de suministro y la interrupción de negocio.
Por ello, se prevé la necesidad llevar a cabo una revisión y actualización de los capitales asegurados, los límites de indemnización y la regularización de coberturas automáticas en las pólizas para evitar o aminorar estos problemas. Además de lo anterior, se solicitará fijar unos índices de revalorización de activos, llevar a cabo estudios de Pérdida Máxima Probable (PML), donde se busca estimar el valor máximo reclamado en caso de siniestro y, también habrá que tener muy presente los daños que se causen a terceros, puesto que estos daños se van a ver incrementados por mayores precios en la reposición o en el resarcimiento del daño causado.
En definitiva, hay que tener presente estas acciones previas para evitar consecuencias negativas para los asegurados, principalmente posibles infraseguros, pérdidas de beneficio insuficientes, límites de indemnización escasos y/o desacuerdo en las cuantías propuestas en los siniestros.
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