Estos últimos días han corrido ríos de tinta sobre el más reciente proyecto del gobierno de Pedro Sánchez, la llamada Ley de Memoria Democrática, en la que entre otras provisiones se podría conceder la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en la más reciente de las guerras civiles españolas. Sin embargo, no es ése el punto que nos interesa de esa ley, pues es jurídicamente sencillo. Lo que suscita nuestro interés es la supresión de los títulos de nobleza creados por Francisco Franco, y un posible corolario que el gobierno no debe de haber tenido en consideración.
Aunque Franco no era rey, mediante la ley de 4 de mayo de 1948 y su desarrollo normativo en el decreto de 4 de junio de 1948 se arrogó la prerrogativa regia de conceder títulos de nobleza. Mediante estos regios poderes, el general Francisco Franco Bahamonde ennobleció a docenas de personas, en particular a militares que estuvieron en su bando durante el alzamiento del 18 de julio de 1936 y la subsiguiente guerra civil que duraría tres años: así podemos ver que Franco creó los títulos de duque de Mola, marqués de Varela de San Fernando, o marqués de Kindelán a favor de militares que se alzaron contra la II República, o el celebérrimo título de conde de FENOSA a favor del financiero Pedro Barrié de la Maza. No entraremos en consideraciones sobre la seriedad del título de conde de Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima, que nos parece similar a la de conde del Real Aprecio, conde de Piedad Real, marqués del Real Transporte y otros surrealistas títulos creados por Carlos III.
Sin embargo, hay una provisión de la ley de 4 de mayo de 1948 que parece que el gobierno no haya tenido en cuenta: Franco, mediante el artículo segundo de esa ley, reconoció en España los títulos nobiliarios carlistas. Citamos ahora ese apartado:
Se reconoce, según los mismos llamamientos establecidos en la legalidad a que se refiere el artículo anterior, el derecho de ostentar y usar las Grandezas y Títulos concedidos por los Monarcas de la rama tradicionalista, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en aquellas disposiciones y siempre que se conserven las Reales Cédulas de concesión o testimonio fehaciente de ellas.
Los pretendientes carlistas, como manera de agradecer la fidelidad de sus generales y allegados, crearon títulos de nobleza, ya que efectivamente los pretendientes se creían firmemente reyes de España. El título probablemente más conocido de entre los creados por los carlistas sea el de duque de la Victoria otorgado al general Tomás de Zumalacárregui, uno de los grandes mitos del carlismo junto con Ramón Cabrera alias El tigre del Maestrazgo. Este título, al ser legitimado en España, hubo de cambiar de denominación, pues el derecho nobiliario no permite la existencia de dos títulos iguales, teniendo el título real de duque de la Victoria los descendientes del general Baldomero Espartero. Esto dice el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 sobre concesión y rehabilitación de Títulos y Grandezas de España en su artículo 15:
No se otorgarán distinciones nobiliarias nuevas con denominación igual á otras caducadas ó existentes, y caso de que algunas de las que en la actualidad están en uso pudieran prestarse á confusiones podrán modificarse en aquellos en que así sucediere á instancia de cualquiera de los poseedores, pero limitándose la variación al que formule la solicitud en tal sentido.
El sucesor más directo del general Tomás de Zumalacárregui, el general Oraa, al ver reconocido su título carlista vio asimismo como tuvo que cambiar de denominación, pasando su título a tener nombre de Ducado de la Victoria de las Amézcoas en el año 1954, por más que el carlista ducado de la Victoria antecediese al título español de duque de la Victoria, siendo creados respectivamente el 24 de mayo de 1836 y el 1 de junio de 1839.
El simple hecho de que Francisco Franco cambiase la denominación al título carlista pone de manifiesto que se entiende que es de nuevo otorgamiento, en vez de entender que era un título existente de manera continua desde 1836. Con los poderes dictatoriales que Franco tenía, bien podía haber cambiado la denominación al título esparterista de la Victoria, reconociendo así la legitimidad carlista con continuidad retroactiva. No obstante, no lo hizo, de lo que se deriva por lógica que los títulos carlistas son creaciones nuevas.
A la luz de la ley de 4 de mayo 1948, su desarrollo normativo en el decreto de 4 de junio de 1948, así como la actuación efectiva de Franco en el cambiar de denominación el ducado carlista de la Victoria, podemos entender que los títulos de nobleza carlistas existentes en España se verían también afectados por la nueva Ley de Memoria Democrática al entenderse como otorgados por el dictador Francisco Franco.
Categorías:Historia del Derecho
LEX ET SOCIETAS 