TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: STS NÚM. 603/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Los trabajos en beneficio de la comunidad se constituyen como una pena privativa de derechos del condenado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 i) de nuestro Código Penal. Podrá constituirse como pena leve, si su duración se extiende de uno a treinta días (art. 33.4.i CP), o como pena menos grave si su duración se extiende de treinta y un días a un año (33.3.l CP). Determinan la sujeción del penado a prestar su cooperación (no retribuida) en la realización de actividades de utilidad pública relacionadas con delitos de similar naturaleza a los cometidos. Estas actividades, como consigna el artículo 49 CP, podrán consistir en: a) labores de reparación del daño ocasionado con el delito, b) apoyo o asistencia a las víctimas del delito y c) participación del condenado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

Los requisitos de dicha pena se configuran en el precitado artículo 49 CP, a saber:

  • La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
  • No atentará a la dignidad del penado.
  • El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
  • Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
  • No se supeditará al logro de intereses económicos.
  • Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:
    • Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
    • A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
    • Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.
    • Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena. En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

Los trabajos en beneficio de la comunidad vienen contemplados en múltiples preceptos de nuestro Código, entre otros: en los delitos contra la seguridad vial (arts. 384 y 385 CP); lesiones sobre cónyuge o persona ligada por relación estable de análoga afectividad o parientes (art. 153 CP); amenazas, coacciones a las personas anteriormente citadas (arts. 171.4, 172.2 CP). Particular incidencia tiene en relación con la responsabilidad subsidiaria por impago de multa (RPSIM), objeto de regulación en el artículo 53 CP, teniendo ésta la consideración de pena privativa de libertad.

Este precepto dispone que, en caso de que el condenado a la pena de multa no satisficiere, ya fuere voluntariamente o por vía de apremio, el pago de la multa queda sujeto a una RPSIM de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. No podrá resultar de aplicación en aquellos supuestos en que se hubiere impuesto una pena privativa de libertad superior a los cinco años. Extinguida la misma, se extinguirá a su vez la obligación de pago de multa, aunque la situación económica del condenado hubiere mejorado (art. 53.3 y 4 CP).

La RPSIM podrá ser objeto de cumplimiento a través de los trabajos en beneficio de la comunidad a razón de un día de privación de libertad por cada jornada de trabajo que, como se estableció anteriormente, no podrá ser superior a 8 horas diarias. Es decir, en este caso estamos ante un supuesto de suspensión del cumplimiento de una pena privativa de libertad (arts. 49, 80, 84 CP) condicionada al cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, previa aceptación por parte del penado. Consecuentemente, los trabajos en beneficio de la comunidad en este caso no son pena principal, sino un requisito para acceder a la suspensión de la prisión que correspondería por las cuotas de multa impagadas.

En caso de que, habiéndose sustituido la privación de libertad referida en el artículo 53 CP por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, los mismos fueren incumplidos, se plantea la cuestión de cuáles han de ser las consecuencias del incumplimiento. Al amparo del artículo 49 CP in fine,  determinaría que se dedujere testimonio por la comisión de un delito de quebrantamiento de condena ex. Art. 468 CP. Sin embargo, la STS núm. 603/2018, de  28 de noviembre, se pronuncia en contra de la existencia de dicho quebrantamiento. En efecto, afirma la precitada resolución que “La consecuencia a que se refiere el artículo 49, 6ª párrafo segundo -tipicidad como quebrantamiento de condena- solamente puede predicarse en supuesto en que los trabajos constituyan pena principal”.

La fundamentación que subyace a este razonamiento es el siguiente: cuando de pena principal impuesta se trata, es aplicable el artículo 49.6º 2º párrafo CP y el incumplimiento de esa pena puede acarrear el quebrantamiento a que el citado  artículo se refiere, ordenando la deducción, en su caso, de testimonio para aplicación del  artículo 468   del Código Penal. No obstante, cuando en el marco de la RPSIM la prisión por impago de multa es suspendida a condición de la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad, las disposiciones sobre suspensión del Código prevalecen sobre el artículo 49.

De acuerdo con el artículo 86, el incumplimiento de la pena de trabajos comunitarios si tuviere carácter reiterado y grave determinará la revocación de la medida y el ingreso efectivo en prisión. Si tuviere carácter menos grave, se mitigan las consecuencias en el mismo artículo, modificando o ampliando las condiciones para la suspensión.

Este artículo está dedicado a Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo, Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Málaga, quien me ilustró y resolvió mis dudas sobre este aspecto.



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