Sorpresiva limitación en las pólizas de D&O

El pasado 29 de enero el Tribunal Supremo expuso las razones por las que obliga a una compañía aseguradora a cubrir la responsabilidad por deudas tributarias de sus administradores, en relación con la póliza que una sociedad tenía de D&O póliza que ya explicamos en otro de nuestros artículos, la cual viene a asegurar la responsabilidad civil de los administradores y directivos de una sociedad.

Todo surge como consecuencia del impago de unas deudas tributarias por parte de una sociedad, y por ello la AEAT acordó la responsabilidad subsidiaria de los dos administradores de dicha sociedad.

En la demanda se hace responsable a la compañía aseguradora, la cuál debía cubrir la responsabilidad que se deriva por la AEAT. Pero la demandada se opone, alegando que dicha responsabilidad no se encuentra cubierta por la póliza, ya que entendían que se encontraban ante una cláusula delimitadora de riesgo y que la derivación de responsabilidad de los administradores respecto de las deudas tributarias de la sociedad no está cubierta por la póliza. Pese ha dicho razonamiento, el tribunal de primera instancia entiende que el apartado en el que se expone dicha cláusula es una cláusula limitativa de derechos.

“El Asegurador pagará por cuenta de cualquier Persona Asegurada, toda Pérdida procedente de, o a consecuencia de, cualquier Reclamación presentada contra la misma por primera vez durante el Periodo de Seguro, salvo cuando dicha Persona Asegurada sea indemnizada por la Sociedad Asegurada”.

“Pérdida no incluye impuestos, contribuciones a la Seguridad Social, multas o sanciones impuestas en virtud de la ley o la parte que corresponda al incremento de cualquier indemnización en concepto de daños punitivos, ejemplarizantes o sancionadores, daños que no sean asegurables en virtud de la ley aplicable a esta póliza, o Gastos de Limpieza”.

Lo entiende así porque considera que la derivación de responsabilidad por parte de la AEAT se encontraría cubierta al hablarse de reclamación, y que “dicha exclusión que se hace en el apartado 2.19.3 sobre los impuestos sería limitativa, en cuanto que merma el alcance de la cobertura inicial del impuesto”.

Posteriormente, la compañía de seguros recurrió en apelación, dándole la razón la Audiencia, concluyendo que la cláusula 2.19.3 es delimitadora del riesgo y no limitativa como entendió la primera instancia, basándose en que “no puede estimarse suponga una limitación de la propia garantía una vez producido el primero, sino que define y delimita el propio objeto de cobertura en cuanto determina cual es el concretado riesgo cubierto bajo tal concepto de perdida, estableciendo una exclusión objetiva debidamente destacada y sombreada, en relación a las procedentes de pago de impuestos, de la que resulta en forma clara e inequívoca en su propia literalidad que los impuestos no tienen consideración de perdida, lo que en absoluto puede reputarse sorpresivo o contrario al contenido usual o normal de este seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (…). En este caso no puede estimarse que la exclusión de la perdida derivada del impago de impuestos sea contraria o anormal al contenido propio de este seguro según la definición que del mismo se contiene en el art. 73 de la LCS, pues el pago de un impuesto ni es propiamente un daño que el asegurado este legalmente obligado a pagar a un tercero, ni tampoco representa una perdida financiera para la empresa, sino que constituye una obligación legal a la que debe hacer frente la misma”.

Frente a dicho razonamiento, los demandantes de origen, presenta recurso de casación por infracción del art. 3 de la LCS y jurisprudencia de la sala primera del TS porque entienden que dicha cláusula se opone con carácter negativo al asegurado, y la sentencia de apelación lo considera válido, oponiendo al asegurado sin contar con su firma.

En definitiva, el seguro de D&O tiene como característica principal salvaguardar el patrimonio personal de los administradores y directivos de la sociedad frente a eventuales reclamaciones personales que pudieran derivarse de actos incorrectos por su gestión societaria. Y resulta notorio, que excluir la responsabilidad subsidiaria por las deudas tributarias de su ámbito de cobertura, conlleva una situación de indefensión que frente a una garantía con la que contaban en la póliza por ser tributos inherentes a la actividad societaria.

Esta sentencia retoma la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas, de las que vamos a realizar una distinción para tener claro los conceptos y poder interpretar mejor la decisión de nuestro Alto Tribunal.

Las cláusulas de delimitación de la cobertura son aquellas que concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación objeto del seguro.

Las cláusulas limitativas son aquellas que restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez el riesgo objeto del seguro se ha producido. Estas cláusulas deben cumplir unos requisitos formales recogido en el art. 3 de la LCS:

  • Estar destacadas de un modo especial
  • Aceptadas expresamente por escrito

Dichas formalidades se consideran esenciales para entender que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto.

El seguro de D&O, no se limita únicamente a la responsabilidad civil regulada por la Ley de Sociedades de Capital, sino que alcanza la normativa administrativa, en este caso concreto, a la Ley General Tributaria, ya que en el art. 43.1b de la LGT se atribuya la responsabilidad civil subsidiaria de la deuda tributaria a: “Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas en éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago”.

Por el cargo de administrador se entiende que dicha responsabilidad se centra en llevar a cabo una actuación más diligente en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad. Por lo que, si excluimos dicho riesgo, sin una aceptación expresa debemos considerarla una exclusión sorpresiva y por tanto que limitativa de derechos. Por lo que hubiera sido necesaria la aceptación expresa del tomador, y al no haber sido así, debemos tenerla por no puesta, siguiendo lo dispuesto en el art. 3 de la LCS.



Categorías:Derecho mercantil, Derecho Tributario, Seguros

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