EL SEGURO DE D&O

Hoy en día y cada vez más por el exhaustivo control que se realiza, las empresas y colegios profesionales, vienen suscribiendo una póliza especifica que cubre la responsabilidad civil de administradores y directivos, estas pólizas también son conocidas como “Pólizas D&O” por su traducción en inglés, Directors and Officers.

Este tipo de póliza ha ido en aumento con las continuas reformas legales que se han ido haciendo en nuestro sistema normativo, y está relacionada directamente con la Ley de Sociedades de Capital, con la Ley Concursal, así como con el Código Penal.

Lo que se quiere garantizar es cubrir la responsabilidad personal y proteger el patrimonio frente a las reclamaciones de terceros que se deriven de los gerentes, directivos, consejeros o administradores de la empresa cuando llevan a cabo la toma de decisiones empresariales.

“Se busca cubrir la responsabilidad personal y proteger el patrimonio”

Las contrataciones de estas pólizas conllevan una reducción del riesgo de la responsabilidad personal de los directivos y administradores, lo que ha hecho que en los últimos años haya habido un incremento de suscripciones respecto a años anteriores.

Es por ello, por lo que encuentro de sumo interés realizar una breve explicación de las coberturas que suelen incluirse, para que todos podamos tener unas nociones básicas y un conocimiento a grandes rasgos de este tipo de seguro.

Los gastos de defensa en investigación formal: Son los costes y gastos en los que incurre el asegurado para la investigación o defensa frente a una reclamación que se encuentre cubierta en la póliza, incorporando a estos los honorarios profesionales de un posible psicólogo en el supuesto de necesitar atención psicológica cuando una reclamación se dirija contra el asegurado.

Las fianzas, así como las multas y sanciones impuestas administrativas por un organismo oficial: Se cubrirán las multas y sanciones que se impongan administrativamente por un organismo oficial con competencia de investigación sobre la sociedad, siempre que la actuación que dio origen a la misma fuese por un asegurado en el ejercicio del cargo que desempeña, y siempre que la indemnización o multa no sea considerada como no asegurable por ley.

Los gastos de gerencia de riesgos: Son aquellos que se llevan a cabo, previa aprobación por el asegurador, cuando es necesario que se efectúen unas series de gastos para obtener asesoramiento legal, o cualquier otra medida necesaria para impedir o mitigar las consecuencias de un acontecimiento que pueda derivar en objeto de reclamación bajo la Póliza.

Los gastos de atenuación a Juicio: Son aquellos que surgen como consecuencia de una reclamación cubierta por la póliza, en estas situaciones se cubre una cantidad específica, por cada día que se deba atender a un juicio o a una investigación formal, y se suele limitar en el tiempo por un periodo de seguro o de extensión de cobertura.

Evento de crisis y costes de protección de la reputación: Esta cobertura cubre la contratación de un servicio de relaciones públicas o de consultoría de gestión de crisis o un despacho de abogados para poder limitar la publicidad adversa que se ha podido originar, y así poder presentar de forma favorable al público las circunstancias de un evento de crisis, cuando:

  • Los costes y gastos sean llevados a cabo con el previo consentimiento por escrito del asegurador; y
  • El evento de crisis pueda razonablemente convertirse en el objeto de una reclamación bajo la póliza suscrita.

Las perdidas por extradición, deportación y protección de activos: Va a cubrir los honorarios, costes y gastos en los que se incurra para defenderse o buscar lograr el archivo o revocación de cualquier resolución judicial dictada en un procedimiento iniciado durante el periodo de seguro, referente a:

  • Cargas sobre propiedades de una persona asegurada o privación de disposición de bienes personales por ocupar un cargo o desempeñar la función de administrador y directivo.
  • Detención o restricción de libertad por un organismo oficial.
  • Deportación de una persona asegurada tras una orden judicial revocando un permiso vigente de inmigración por razón distinta a una causa penal de una persona asegurada.
  • Solicitud de extradición a una persona asegurada.
  • Suspensión o embargo de bienes de una persona asegurada.
  • Consultores o asesores legales o tributarios, así como un consultor de relaciones públicas, contratados en relación con un proceso de extradición.

Los gastos adicionales por privación judicial de bienes: En el supuesto de que se produzca una reclamación cubierta por la póliza y el asegurado fuera objeto de una orden judicial que establezca el control, embargo, suspensión, confiscación o establezca cargas sobre bienes o propiedades personales de un asegurado, que no pueda realizar su pago, habiendo agotado cualquier subsidio personal concedido judicialmente o cualquier otro, el asegurador sufragará los costes del asegurado cuando estos sean:

  • Residencia habitual.
  • Cuotas de centros educativos de los descendientes que tenga a su cargo.
  • Seguros personales ya suscritos.
  • Suministro de servicios públicos.

Todos estos gastos serán durante un periodo máximo fijado en la póliza, normalmente desde que se hace efectiva la orden judicial o hasta la fecha de alzamiento de la orden si ello se produjera con anterioridad.

Los gastos derivados de la confiscación del pasaporte: Cuando por una reclamación que se encuentre cubierta en la póliza se ordene al asegurado a permanecer en un país que no es su país habitual de residencia, bajo una orden de un organismo oficial, el asegurador sufragará los gastos que estime razonables en los que la persona asegurada incurra, con el consentimiento previo por escrito del asegurador, por la imposibilidad de poder regresar a su país.

Los gastos del accionista: El asegurador se compromete a pagar, por cuenta de la sociedad al accionista o al grupo de estos que hubieran interpuesto una acción social de responsabilidad contra las personas aseguradas en la póliza, los gastos que la sociedad legalmente debiese reembolsar a los accionistas en caso de que se estime de forma parcial o total la acción interpuesta.

 “Con estas pólizas se quiere cubrir la gestión empresarial, y asegurar al administrador, socio o directivo, cubriendo su responsabilidad personal y protegiendo su patrimonio frente a las reclamaciones que le puedan interponer terceras personas, puesto que este es el interés asegurable principal de las pólizas de D&O.”



Categorías:Derecho Civil, Derecho mercantil, Seguros

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