“Pleitos tengas y los ganes”. Todos conocemos a alguien que puede dar fe de la veracidad de esta frase, bien por los costes sostenidos en el tiempo que acarrean los procedimientos judiciales, así como la duración de los mismos, que se ve agravada cuando una de las partes en el litigio interpone un recurso contra la sentencia judicial. Sin embargo, el arbitraje permite solucionar conflictos de forma que no hay lugar a recurso, reduciendo el tiempo que media entre el inicio del conflicto y la resolución firme, garantizando eso sí los derechos de las partes.
El arbitraje es un método extrajudicial de resolución de conflictos, es decir, la solución de un posible conflicto se pone en manos de un tercero, renunciando al Juez predeterminado por ley que correspondería para dicho supuesto. Para acudir a arbitraje se requiere acuerdo de las partes, pues es un método privado de resolución de disputas, y el consentimiento para someterse a arbitraje puede darse mediante:
- Suscripción de cláusula arbitral independiente, constando por escrito, ya que se trata como una renuncia a un derecho. Suele realizarse una vez ya ha surgido el litigio.
- Cláusula arbitral compromisoria en un contrato: es la forma de consentimiento más habitual de sometimiento a arbitraje. Al negociar un contrato entre dos partes, sobre todo en el ámbito mercantil, uno de los puntos de mayor fricción durante las negociaciones suele ser la previsión de potenciales conflictos futuros entre las partes, por lo que con el sometimiento a arbitraje, ambas partes acuerdan que cualquier litigio futuro será dirimido por una institución arbitral concreta. También se acuerda en el propio contrato la sede dónde tendrá lugar el arbitraje, el número de árbitros y el idioma del procedimiento arbitral.
El sometimiento a arbitraje tiene como ventaja que ambas partes pueden elegir un tribunal especialista en la materia, lo que no siempre sucede en el ámbito judicial, en que en muchas ocasiones por falta de medios, los Tribunales no pueden gozar de la colaboración de los peritos con mayor experiencia en ámbitos técnicos muy concretos. Por otra parte, el rol activo de las partes en el procedimiento arbitral, favorece el principio de inmediación, es decir, que los árbitros alcancen un efectivo conocimiento de la situación conflictiva gracias a una íntima vinculación con las partes, lo que en última instancia facilita la aceptación por las partes de la decisión arbitral.
Por supuesto, el arbitraje también conlleva desventajas. Principalmente, su alto coste y los límites a las facultades de los árbitros, en contraposición a los poderes coercitivos que puede ejercitar un Juez, razón por la cual no se suelen someter a arbitraje cuestiones relativas a derechos reales, puesto que no se garantiza la ejecución futura (por ejemplo, un Juez puede embargar una cuenta bancaria, mientras que un árbitro no puede embargarla por sí solo, y para ello debería solicitar al Juez la ejecución de dicho embargo). Adicionalmente, al tratarse de un método privado de resolución de conflictos, existe gran dificultad en traer a terceros al procedimiento, ya que no se puede exigir a alguien que no ha consentido en el contrato de arbitraje que renuncie a su derecho al Juez predeterminado por ley. De esta forma, en supuestos de subcontratación, es recomendable someter a todas las empresas subcontratadas a la misma cláusula arbitral.
La decisión arbitral se denomina laudo arbitral, y tiene efecto de cosa juzgada, es decir, finaliza el conflicto y no cabe opción de recurso. Sólo cabe impugnación contra el laudo, y por motivos de forma, pero nunca entrando a revisar el fondo. Además, los laudos son ejecutables en todos los países firmantes del Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales de 1958, de forma que un laudo español se reconoce en el extranjero con carácter general, y viceversa.
Las causas de impugnación de un laudo están tasadas y solamente permiten la nulidad del mismo cuando no ha existido Convenio Arbitral, o éste no ha sido válido, cuando no se ha designado correctamente el Tribunal de arbitraje, cuando los árbitros resuelven conflictos para los que no está facultados por la cláusula de arbitraje o asuntos que no se pueden resolver en arbitraje, por ser contrarios al orden público, entre otras causas. Sin embargo, si un laudo aplica incorrectamente el derecho aplicable, no es impugnable. En caso de que una de las partes impugne el laudo arbitral, resolverá sobre la nulidad del mismo un Tribunal del país en que se dictó el laudo. Es decir, si se dicta un laudo en España, serán los Tribunales españoles los que decidan sobre su nulidad o validez.
¿Cuáles son los motivos por los que se ha popularizado tanto el arbitraje? Uno de los principales es la elección de una jurisdicción neutral: si una empresa española entabla acuerdos con una alemana, es habitual en la práctica mercantil que ninguna quiera someterse a la jurisdicción española ni alemana, y en lugar de ello se sometan a arbitraje eligiendo la jurisdicción de Suiza o Francia, por ejemplo. Otro motivo es la celeridad del procedimiento, pues en arbitraje no hay segunda instancia al no caber el recurso; un procedimiento arbitral medio suele durar entre ocho meses y dieciocho meses, llegando a tres años únicamente si existen problemas como la recusación de un árbitro o la excepción por facultades del Tribunal, mientras que en procedimientos civiles o mercantiles que son recurridos hasta última instancia pueden transcurrir ocho años hasta la resolución definitiva. Finalmente, la confidencialidad que confiere el arbitraje es altamente estimada por las grandes empresas, ya que no existe confidencialidad en los juzgados, puesto que cualquiera puede acudir a presenciar un procedimiento judicial y las sentencias son públicas.
En resumen, a pesar de algunos inconvenientes que puede presentar el arbitraje, como el alto coste o límites a las facultades de los árbitros, supone una herramienta muy útil para las grandes empresas, que buscan la celeridad en la resolución del conflicto, al no existir opción de recurrir. Además, con el arbitraje se garantiza la confidencialidad, elemento clave en el ámbito societario, y la elección de una jurisdicción neutral juega un papel clave, por ejemplo, cuando una empresa extranjera contrata con una Administración Pública, para evitar el sometimiento a la jurisdicción nacional, que podría tender a favorecer los intereses de la Administración, sobre todo en países en que la separación de poderes brilla por su ausencia.
Categorías:Derecho Civil, Derecho Internacional
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